En el transcurso de la última década el número de deportaciones en Canadá aumentó un 50%. En 2009 solamente, más de 13,000 personas fueron expulsadas. Mientras este número continúa aumentando, las detenciones y las redadas “a la americana” están al punto de volverse prácticas de manera regular en la Agencia de los servicios fronterizos de Canadá (ASFC).
Los recursos burocráticos que permiten apelar una orden de deportación están llenos de problemas estructurales. Más de 97 % de las demandas de examen de riesgos antes de la devolución (ERAR) – la penúltima etapa antes de la deportación – son rechazadas. Además, los individuos y las familias pueden ser deportados incluso si ya emprendieron una demanda de residencia permanente por motivos humanitarios (un procedimiento muy costoso en sí).
Las deportaciones separan a las personas de sus familias, amig@s, y de su vida aquí en Canadá. Mientras que el capital, las empresas y l@s ciudadan@s privilegiad@s del » primer mundo » pueden viajar y atravesar las fronteras libremente, los inmigrantes originarios de la mayor parte del mundo son criminalizados, ilegalizados y lesionados en el ejercicio de sus derechos más fundamentales. Est@s inmigrantes dejan de ser humanos y se vuelven «ilegales», » sin estatus «, » sin papeles » o » solicitantes de asilo rechazad@s». Cuando su fuerza de trabajo barato ya no es requerida o cuando se levantan para reivindicar sus derechos, se vuelven simplemente desechables. Las luchas podrían ser comunes, pero comunidades enteras se encuentran divididas o son reducidas a la invisibilidad, dando lugar a una cultura de desconfianza, de vigilancia y de represión.
Afirmamos nuestra solidaridad con l@s que luchan contra su deportación o su orden de devolución. Todas las personas tienen el derecho a emigrar, a resistir su desplazamiento forzado y a retornar a su tierra natal si así lo desean.